Nuestro estudio se inscribe dentro de una línea de investigación que
cuestiona la interpretación tradicional que consideraba al Santo Oficio
como una institución en decadencia durante la segunda mitad del siglo
XVIII. Lejos de mantenerse inactiva, la Inquisición supo adecuarse a los
tiempos mediante su conversión en una suerte de «policía ideológica» del
Antiguo Régimen (Pérez, 2002, p. 233). Por otro lado, Ricardo García
Cárcel y Doris Moreno han destacado su «vocación de supervivencia»
(2000, p. 82). A su vez, Francisco Bethencourt ha llamado la atención
sobre la funcionalidad del Tribunal, esto es, su papel en la reproducción de
las élites y en la organización del Estado en vísperas de su abolición (1997,
pp. 504-505). Para el caso americano, Gabriel Torres Puga (2004 y 2010) ha
reconstruido en detalle la actividad censoria del Tribunal de México durante
la segunda mitad del siglo XVIII y ha mostrado su decidida participación
en los sucesos políticos entre 1808 y 1820. Por su parte, Cristina Gómez
Álvarez y Guillermo Tovar de Teresa (2009) han estudiado los textos
impresos prohibidos por ese mismo tribunal entre 1790 y 1819.
En este libro, se plantea el argumento de que, entre 1754 y 1820,
la censura de libros fue la principal actividad del Tribunal, pero su
funcionamiento, como en épocas anteriores, estuvo condicionado por la
naturaleza de su propia organización. Dentro del sistema inquisitorial del
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Pedro Guibovich Pérez
imperio español, los tribunales americanos dependían administrativamente
del Consejo de la Suprema. Este dictaba periódicamente normas, mediante
las llamadas «cartas acordadas» (o acuerdos en Consejo), que debían ser
acatadas por todos los tribunales bajo su autoridad. Las cartas acordadas
podían tratar de temas tan diversos como salarios, nombramientos, rentas
o sentencias. No pocas de ellas se ocupaban de las medidas que debían
seguirse para poner freno o prevenir la difusión de los textos prohibidos.
A pesar del carácter centralizado del sistema inquisitorial, no siempre fue
posible cumplir con las órdenes del Consejo, debido a las limitaciones que
imponían la geografía, los conflictos con otras instituciones, la escasez de
recursos económicos y, sobre todo, la interrupción de las comunicaciones
atlánticas.
Mediante el estudio de la censura inquisitorial, este libro busca
también contribuir a una historia de la lectura en la época tardía colonial.
¿Qué tipos de libros se leían? ¿Quiénes leían? ¿Cómo se leían estos libros?
Aun cuando estamos lejos de poder responder a la pregunta sobre cuál
era la composición del público lector, debido a la carencia de estudios
similares a los realizados, por ejemplo, para Francia (Roche, 1987 y 2002)
o de conocer de qué manera esos mismos lectores, siguiendo a Roger
Chartier (1995), daban sentido a los textos, sí podemos decir algo acerca
de los libros que se alineaban en los anaqueles de las bibliotecas. Junto a
los textos de uso corriente en materias como derecho, teología, doctrina,
literatura e historia, por citar solo algunas, los expedientes inquisitoriales
revelan la presencia de una literatura prohibida, en particular francesa, que
circulaba de unas manos a otras. Se trata de títulos que nunca aparecen en
los inventarios de bienes post mortem, ya que sus propietarios, conscientes
de que su posesión estaba sancionada, buscaban mantenerlos lejos de las
miradas indiscretas.
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